La frase habitualmente atribuida a Benjamin Franklin fue en realidad acuñada por Daniel Defoe en 1726 y enunciaba que la muerte y los impuestos son las dos únicas cosas completamente ciertas en la vida. Pero la realidad es que el mundo actual ya no es como cuando Daniel Defoe en 1726 o Benjamin Franklin en 1789 hicieron famosa la frase. Hoy, eso de los impuestos puede ser una certeza absoluta para muchos, pero decididamente no para todos. En esto de los impuestos, es cada vez más claro que no todos somos iguales, sino que unos son más iguales que otros.
Steve Wozniak, cofundador de Apple, en una entrevista a la BBC, afirmaba que “Apple debería pagar más impuestos”, y que no le gustaba la idea de que la compañía no pague impuestos con las mismas tasas que lo hace él personalmente. El mismo camino han seguido Warren Buffet o Bill Gates.
Pero una cosa es cierta: lo que es legal, es legal, y no puede demonizarse a las compañías por hacer aquello que la ley avala. Si la función de una compañía es maximizar el retorno de valor a sus accionistas dentro de los límites establecidos por la ley, no podemos escandalizarnos por el hecho de que optimicen su pago de impuestos recurriendo a prácticas que se sitúen dentro de la legalidad. Eso, lógicamente, no quiere decir que esas prácticas sean justas o éticas.
Hablamos de prácticas que se definen como dentro de la libertad de los países para elegir sus estrategias de atracción de inversión: es indudable que Irlanda, a base de pelearse con el resto de la Unión Europea por la no armonización de su impuesto de sociedades, ha conseguido no solo superar en gran medida su crisis económica, sino, además, construir un próspero tejido social, educativo y emprendedor en torno a la tecnología. Pero llega un momento en que otros países, hartos de ver cómo determinadas compañías utilizan esos mecanismos para evadir unos impuestos que por lógica deberían mantener algún tipo de correspondencia con el consumo de recursos y el uso de infraestructuras productivas en los países en los que se desarrolla la actividad, deciden atacar el problema de raíz: Francia envía a Amazon una factura de $252 millones por impuestos no pagados, el Reino Unido acuerda corregir el desfase impositivo con Google por un total de $185 millones.
Todo indica que algunos países empiezan a estar dispuestos ya no solo a marcar excepciones en función de casos especialmente sangrantes o llamativos, sino a corregir por su cuenta y riesgo los desfases que permite la legislación impositiva internacional.
En la actualidad el pago de impuestos comienza a vincularse directamente a la responsabilidad social corporativa. En un futuro próximo comenzaremos a ver a los usuarios de algunos países dejar de comprar productos de una determinada compañía si no adoptan una actitud de responsabilidad fiscal.
Sería bueno que la legislación acompañe un cambio que haga más justa la presión impositiva.
